La Confederación de Estudiantes de Chile frente a la Deserción Estudiantil, la Reconstrucción de la Sociedad y la Educación Superior Pública

Los estudiantes agrupados en la Confederación de Estudiantes de Chile, preocupados por las consecuencias del pasado terremoto y tsunami en la Educación Superior Pública, venimos a plantear posibles soluciones ante la inminente deserción estudiantil en el sistema terciario, que repercute particularmente en las familias más pobres y de clase media, quienes hoy asumen los altísimos costos de la educación, su principal herramienta de desarrollo personal y social.

Creemos que la Educación Superior Pública es un pilar estratégico para que la sociedad genere las condiciones que permita superar la catástrofe, y no debe convertirse en un perjuicio más para quienes vieron mermadas sus fuentes de ingreso y posibilidades de desarrollo.

Es por esto que solicitamos tener en consideración la necesidad urgente de avanzar en los siguientes puntos:

1. Reapertura del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). Es necesario reacreditar a los estudiantes, para considerar a aquellos cuya situación socioeconómica cambió por causas relacionadas al terremoto.
2. Aumentar los recursos del Fondo Solidario, a fin de revertir el déficit de $16 mil millones, que se arrastra desde el año pasado, y dar a los estudiantes correspondientes del Consejo de Rectores la posibilidad de evitar el endeudamiento vía Crédito con Aval del Estado.
3. Expandir la ayuda socioeconómica hasta el punto que sea efectiva para evitar la deserción. Esto implica otorgar un beneficio de $113.000, tomando en consideración los costos de alojamiento, materiales y transporte de los estudiantes damnificados. El ítem alimentación puede cubrirse con un aumento de la BAES, que desde su implementación mantiene prácticamente el mismo monto.
4. Transferir directamente los beneficios a las Universidades del Consejo de Rectores, para aprovechar las potencialidades de las instituciones en cuanto a catastro de problemas socioeconómicos y asignación de beneficios, instrumentos que son mucho más efectivos que los que poseen otros organismos.
5. Permitir el congelamiento académico de los estudiantes damnificados por más de un año, sin que por ello pierdan los beneficios que le correspondan por su situación socioeconómica.
6. Entregar directamente los aportes necesarios para la reconstrucción inmediata de las Universidades Públicas más afectadas, sin que el apoyo quede postergado por la modificación o implementación de un nuevo mecanismo de financiamiento con la pretensión de sustituir o modificar el Aporte Fiscal Directo.
7. Dado el aumento del valor del pasaje escolar en algunas regiones, proponemos  aumentar las becas de mantención.
8. Impulsar un proceso de discusión, a nivel de todos los actores involucrados, previo a cualquier reforma a la institucionalidad o al financiamiento de la Educación Superior, como la modificación del AFD propuesta por el Gobierno, que permita a la sociedad definir de manera participativa los temas de fondo que involucran a la Educación Pública.
9. Apoyar la integración de las Universidades Públicas en la reconstrucción del país, destinando aportes que les permitan volcar sus actividades académicas, en sus distintas disciplinas, para contribuir a la solución –junto a las comunidades afectadas– de los problemas económicos y sociales que éstas padecen.

Estas medidas tienen como principal finalidad, evitar la deserción de los estudiantes de Educación Superior, y nace en respuesta ante las insuficientes medidas planteadas por el Ministerio de Educación. Éstas consisten, originalmente, en dar $30 mil a 20 mil estudiantes por 6 meses, priorizando según nivel socioeconómico, determinado éste antes del terremoto. De esta manera, serán beneficiados sólo los del I y II quintil antes del terremoto (quienes llenan los 20 mil cupos).

Algunos comentarios frente a cada punto:

1. Lo primero a pedir es que se vuelva a acreditar la situación socioeconómica de los estudiantes, pues ésta varía tras el sismo. Sin ello, quedarán excluidas del beneficio las personas que, por ejemplo, siendo del quintil III, después del terremoto estarían en el quintil II. Esta es una realidad que no contempla el beneficio, por lo que pedimos reabrir el Formulario de Acreditación Socioeconómica, y así volver a establecer la condición social de los posibles beneficiarios.
2. Ese déficit está afectando a miles de estudiantes que hoy tienen el crédito con Fondo Solidario, y los está obligando a abrirse a otros créditos con intereses más altos, incumpliéndose así la entrega de un beneficio que ya tienen asignado, viéndose enormemente afectados. Sin más, debe cumplirse con lo prometido y reinyectársele recursos al fondo.
3. El monto propuesto por el MINEDUC, lamentablemente, es insuficiente para cubrir las necesidades de los estudiantes. Haciendo un análisis simple, se llega fácilmente a cifras cercanas a $115.000. Este es un ejemplo de gasto mínimo para un estudiante promedio, que calculamos de acuerdo a las realidades de varias universidades del CONFECH:

Cabe señalar que se están considerando gastos sumamente bajos y se ha dejado de lado cualquier gasto en salud, vestuario, diversión, etc. Tampoco considera el alza del pasaje escolar

4. Los dineros deben entregarse, en el caso de los estudiantes de las Universidades del Consejo de Rectores, directamente a éstas, y no a aquéllos que fueron damnificados. Ello porque las instituciones son capaces de hacer rendir mejor los recursos. Así, por ejemplo, el ítem destinado a residencia, puede invertirse en las mismas residenciales que tienen la gran mayoría de las universidades, aprovechándose mejor los recursos. En cuanto a los alumnos de otras instituciones de educación superior, debe darse los recursos directamente, pues estos compañeros requieren también de ayuda por parte del Estado. Sería aquí más complejo dársele directamente a los estudiantes el beneficio, pues implicaría –indirecta y tácitamente- cambiar el sistema de financiamiento a la educación superior.
5. En este punto hemos ya recibido mejor acogida. Es algo obvio y más fácil de cumplir.
6. Aquí, por Universidades Públicas, nos referimos a todas las del Consejo de Rectores, llamadas también Tradicionales o de Sentido Público. Es importante recalcar que si bien las Universidades afectadas en infraestructura son de distintas regiones, nos parece prioritario comenzar por aquellas instituciones de las zonas más afectadas, cuya reconstrucción es apremiante. Ejemplo de ellas, son la Universidad de Talca, Universidad de Concepción y Universidad Bio-Bio, sin querer excluir otras del sector.
7. Nos preocupa enormemente que se dé un alza del pase escolar en momentos como este. Por otro lado, sabemos que se hace acorde a la ley, pues se cumple con igualarlo al tercio de la tarifa unitaria. Por ello, pedimos reevaluar dicha obligación o, en subsidio, beneficiar a los más afectados vía beca de mantención.
8. Este punto se hace ante el temor de ir instalando de facto, políticas que requieren, a lo menos, aprobación parlamentaria. Así, se hace una invitación a discutir estos temas de fondo, y no aplicar medidas que necesitan mayor consenso ciudadano y político.
9. Va en la línea de lo que como Universidades venimos haciendo: contribuir al país desde nuestras disciplinas, con profesionalismo académico, desde sus estudiantes, profesores y egresados. Las Universidades están inyectando recursos a sus pequeños proyectos de reconstrucción, pero creemos necesario que éstos cuenten con respaldo financiero del Estado.

Lo importante de estos puntos es evitar la deserción estudiantil. Sabemos que cada propuesta es perfectible, y no nos cerramos a aceptar otras medidas que lleguen al mismo fin. Esperamos dimensionemos la situación en la que viven miles de estudiantes, y demos un apoyo responsable y comprometido a esos compañeros.

Para mayor información revisa la carta dirigida al Ministro de Educación Joaquín Lavín pinchando aquí.